Donato Del Blanco
El gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB 1622 que modifica por completo las reglas sobre el acceso público a las playas. En este sentido, revierte una legislación previa que permitía a propietarios restringir el uso recreativo de sectores costeros.
Con esta norma, el Estado del Sol busca recuperar la tradición de libre tránsito por sus costas.
El principal cambio que introduce esta ley es la restitución del “uso recreativo consuetudinario”, un principio jurídico que reconoce el derecho histórico de los residentes y visitantes a caminar, nadar o pescar en las zonas arenosas de la playa, incluso cuando estas se superponen con terrenos privados.
De acuerdo con Tampa Bay, esta disposición pone fin a las restricciones impuestas por la ley de 2018, que exigía complejos procesos judiciales y autorizaciones para declarar accesibles dichas áreas.
El concepto de uso recreativo consuetudinario se basa en la continuidad de prácticas públicas a lo largo del tiempo.
Si las personas utilizaron una playa durante décadas sin oposición ni interrupciones, ese derecho queda reconocido de manera colectiva.
Con la nueva legislación, ya no será necesario iniciar juicios ni audiencias públicas para validar ese uso: las comisiones locales podrán emitir ordenanzas directamente, sin necesidad de intervención judicial previa.
Ahora, los gobiernos locales recuperan su capacidad de decisión, algo que DeSantis presentó como una victoria para la “gente común y las familias que solo quieren disfrutar del mar”.
Es importante mencionar que esta ley también agiliza la restauración de playas erosionadas en condados de menos de 275.000 habitantes que hayan sufrido desastres naturales.
Se establece la línea de pleamar como punto de referencia para estos trabajos, lo que simplifica la ejecución de obras y permite una reacción más veloz ante eventos climáticos extremos.
La Asociación Estadounidense para la Preservación de Costas (ASBPA, por sus siglas en inglés) calificó esta legislación como un modelo a seguir para otros estados, por su equilibrio entre derechos privados y el bien común. Expertos inmobiliarios también destacaron que esta norma refuerza la seguridad jurídica.
dfcsd 2025-07-04T14:21:33Z